“No se puede usar el Código Penal para disciplinar la política”: Abogado penalista explica porqué los dichos de Quintela no configuran un delito
La política argentina se vio sacudida recientemente por las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien sugirió que el Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, no debería completar su mandato y aludió a los sucesos de la crisis de 2001.
Estas expresiones motivaron una denuncia penal del fiscal federal Carlos Stornelli por delitos que van desde la instigación a la violencia hasta la amenaza de sedición. En este escenario, el abogado Pedro Despouy, especialista en derecho penal y docente, aportó una mirada académica y técnica en Cadena 3 para desentrañar si estamos ante un ejercicio de la libertad de expresión o frente a conductas que ameritan la intervención de la justicia criminal.
Yo analizaría el caso desde dos planos: el penal y el político-institucional. Desde el punto de vista penal, a mi entender, yo no veo, prima facie, ninguna configuración de delito. Para que exista instigación o incitación a la violencia, la ley exige algo mucho más concreto que estas frases críticas o una advertencia de tipo político. No hay instigación a cometer delito, no porque lo diga yo, sino porque no se dan las exigencias de la figura penal. No está diciendo “hay que cometer tal o cual delito”.
Exactamente. Por ejemplo, el artículo 211 requiere infundir un temor público o suscitar tumultos. En ningún momento escuché algo así. Hay una valoración política sobre el rumbo del país en un contexto de crítica fuerte, pero no hay una convocatoria directa a la violencia contra instituciones. La ley habla de hechos directos, precisos y concretos.
La apología es un elogio, presentar un delito como algo positivo. La mención que hace sobre el año 2001 no implica la justificación de los homicidios cometidos ni una reivindicación de hechos delictivos. Hay una indeterminación en sus dichos que no alcanza para la figura penal.
Completamente es así. Esa diferencia marca situaciones que son realmente cosas diferentes. El derecho penal debe ser la ultima ratio. No se puede utilizar el Código Penal como herramienta para disciplinar la política, de lo contrario, corremos el riesgo de judicializar todo el debate democrático.
